Los violadores de niños de menos de 10 años son sancionados con la
condena de cadena perpetua. Esta sanción es impuesta a aquellas personas que
tienen particular autoridad sobre la víctima ya sea el padre, el tutor, el
profesor o algún familiar.
Así lo reveló la fiscal provincial penal, Jaqueline del Pozo Castro, en declaraciones al programa de
televisión Los Fiscales, tras precisar que los autores de este delito no
gozan de beneficio penitenciario alguno.
Según cifras del Observatorio de
la Criminalidad del Ministerio Público, en el primer trimestre del
presente año se han registrado 4,629 delitos de violación de la libertad
sexual a nivel nacional, de los cuales el 55% son delitos cometidos en
agravio de los menores de edad.
Además, del 100% de delitos contra la libertad sexual, el 91% de los
denunciantes son mujeres mientras que el 98% de los denunciados, varones.
Solo en Lima Metropolitana se presentan un promedio de nueve denuncias al día
de casos de violación a menores de edad.
La sicóloga Patricia Ruiz Cruz,
miembro del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público, comentó que
son alarmantes las cifras de este delito, anotando que solo el año pasado se
hicieron seis mil entrevistas en la sala de entrevista única (cámara Gesell)
a menores afectados.
“”, anotó en el programa de tv Los Fiscales.
Dijo incluso que estos hechos no solo ocurren en estratos sociales bajos sino
también en altos, lo cual se conoce más, en la actualidad, debido a que los
niños se están atreviendo a denunciar.
Cabe precisar que en estos casos, los fiscales penales y de familia actúan de
forma conjunta tanto para investigar como para dar protección al menor.
La fiscal Del Pozo Castro explicó que las fiscalías penales se encargan de dictar
las medidas urgentes para investigar los hechos y acopiar la información para
formular la denuncia. Así se dispone el reconocimiento médico- legal para
determinar el grado de afectación, se recibe el testimonio de la víctima en
una entrevista única, se ordenan pericias sicológicas a la víctima y al
agresor para determinar el grado de afectación y su proclividad para cometer
este delito, respectivamente, y se ordenan pericias biológicas para examinar
los fluidos y hasta una prueba de ADN.
A su turno, Maritza Pérez Vélez,
fiscal de familia, explicó que a estas instancias les corresponde dictar las
medidas necesarias para la protección del menor afectado. En tal sentido, se
encarga de supervisar las entrevistas a los menores en la cámara Gesell y
aboca a al conocimiento del entorno familiar. Si el victimario es un miembro
de la familia, dispone su retiro de la vivienda, incluso el internamiento del
afectado en un albergue.
Finalmente, la fiscal del Pozo Castro exhortó a los menores y los padres de
familia a denunciar estos hechos para que no queden impunes y se pueda
sancionar en forma rápida al agresor.
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