
La respectiva resolución del colegiado
señala que los electores que sean detectados con algunos de estos aparatos
deberán dejarlos bajo custodia del presidente de la mesa, quien los devolverá
al término del acto de sufragio junto con el Documento Nacional de Identidad
(DNI).
La resolución se dispone
que las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú y la Oficina Nacional de
Procesos Electorales (ONPE) sean las encargadas del cumplimiento y ejecución de
esta medida. Las instituciones castrenses deberán dar cuenta al Ministerio
Público de los ciudadanos infractores para que actúe de acuerdo a ley.
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